Resumen Semanal 25 de Abril – COVID-19: Sanidad supedita la desescalada autonómica al trazado de casos, datos fiables y mascarillas

• Sanidad propone a las CCAA los parámetros para el desconfinamiento, que tiene en cuenta la capacidad asistencial, la evolución del covid, las medidas de protección y la identificación de casos

La desescalada será «lenta y gradual», porque tiene que ser «segura». Pero desde luego no será sencilla. El Ministerio de Sanidad, que dirige Salvador Illa, ya ha trasladado a las comunidades autónomas los 27 criterios o marcadores que deben cumplir para abrir la puerta al desconfinamiento «con los mínimos riesgos posibles para la salud» y siempre buscando el control absoluto de la pandemia por coronavirus, para que no haya nuevos rebrotes. Entre las condiciones / parámetros que reclama el Gobierno, se recoge la capacidad de diagnóstico de PCR de todos los sintomáticos (incluso en su domicilio), el aislamiento de los nuevos casos en 24 horas y el trazado y cuarentena de sus contactos para evitar la propagación de la enfermedad, la garantía de suministro de mascarillas o datos completos y fiables a diario.

Illa dirigió este viernes por la tarde, junto a la vicepresidenta cuarta del Ejecutivo, Teresa Ribera —a quien Pedro Sánchez encargó pilotar los trabajos de desescalada—, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), que aglutina al Gobierno y a las comunidades autónomas. El ministro presentó a los consejeros un documento, de dos páginas y al que tuvo acceso El Confidencial, en el que describe qué capacidades esenciales, tanto asistenciales como de salud pública, son «claves» para la buena gestión del covid y para permitir la transición. Un catálogo completo que fue el eje sobre el que giró la convocatoria de este viernes, que se prolongó durante tres horas y media, hasta prácticamente las 20:00.

El responsable de Sanidad ya había advertido por la mañana, en rueda de prensa en la Moncloa, que en este proceso de salida será «muy importante» el papel de las CCAA, pero quien dirige el proceso es el Gobierno central, y solo el Gobierno central. De esta manera, en la reunión de la tarde, les expuso esos «marcadores» que serán determinantes para entrar en la fase dos, que permitirá la descompresión no necesariamente por comunidades, sino puede que incluso por provincias o zonas más pequeñas. Los criterios que el Gobierno demanda se agrupan en torno a cuatro grandes pilares: asistencia sanitaria, la vigilancia epidemiológica, la identificación y contención de fuentes de contagio y las medidas de protección colectiva. A partir de este primer documento, que fue «comunicado» a las CCAA —no fue objeto de debate, por tanto—, los territorios harán sus propuestas y se elaborarán los indicadores numéricos.

En cuanto al primer punto, el de la asistencia sanitaria, el documento distingue entre hospitales y atención primaria. Es decir, que se ha de tener en cuenta la capacidad de todo el sistema sanitario en sí mismo, y ya el presidente pidió a los presidentes autonómicos que reforzaran los centros de salud como primera barrera de contención frente al virus.

El Gobierno presenta a las comunidades los marcadores que han de guiar la transición, que se hará de modo asimétrico. No tanto por CCAA, sino por zonas. Illa insiste que quien decide es Sanidad

Dos circuitos separados

En el caso de los hospitales, y para prevenir infecciones dentro de ellos, Sanidad demanda que se haga un cribado universal con PCR —la prueba de laboratorio, la más fiable— de pacientes que vayan a ser ingresados por patologías diferentes al coronavirus. También plantea que haya circuitos separados de enfermos de covid-19 y no covid, medidas de precaución reforzadas en áreas donde no se atiende a personas que hayan contraído el virus y reserva de equipos de protección individual (EPI).

Para la operatividad de camas de pacientes agudos y de UCI, el departamento de Illa requiere que se garantice la existencia de ventiladores y medicación crítica, el incremento neto de camas de agudos y de UCI (al doble de la capacidad que tenían antes de la emergencia sanitaria), y la disposición de espacios vacíos listos para aumentar las unidades de críticos al triple de la capacidad pre-covid. Asimismo, Sanidad demanda el mantenimiento o ampliación de instalaciones que eviten ingresos por coronavirus en hospitales (o sea, que se tengan preparados hospitales de campaña como el de Ifema en Madrid o bien hoteles medicalizados). Otro punto es el de poder realizar consultas de atención al personal sanitario —uno de los colectivos más afectados por la enfermedad: hay 35.295 positivos— para cribado, diagnóstico y aislamiento.

En los centros de salud (los ambulatorios), también habrá que separar en dos circuitos para la atención presencial a los que tengan síntomas respiratorios o infecciosos del resto. Se demandarán allí protocolos de protección de personal; protocolos de diagnóstico de nuevos casos, aislamiento y seguimiento y protocolos de conexión de centros de salud con servicios de salud pública para el trazado de contactos comunitarios de los casos.

Asimismo, se requieren en los ambulatorios protocolos para reforzar la aplicación de las medidas correctas de protección frente al virus (distanciamiento social, etiqueta respiratoria, uso de mascarillas, desinfección del espacio doméstico, lavado de manos…) y, finalmente, protocolos para la identificación de los centros sociales en su zona básica de salud (residencias de mayores, de menores, de personas con discapacidad…) y para su vigilancia y apoyo sanitario.

Habilitar hoteles para aislar

El segundo eje es la vigilancia epidemiológica. Así, Sanidad exige la notificación diaria de al menos el 90% de datos individualizados de nuevos diagnósticos por covid-19 (detectados en hospital, en atención primaria y en las bases de datos de resultados PCR de laboratorios). También deberá obrar en manos de Sanidad las bajas laborales por coronavirus, los ingresos en UCI, la ocupación de estas unidades de críticos y su capacidad; las muertes, y el reporte de los síntomas respiratorios y compatibles con covid. En este último punto, Sanidad precisa que es un sistema aún por determinar y basado en información de las ‘apps’ móviles y de los números de emergencias 112 y similares.

El tercer pilar de este diseño de desescalada es la identificación y contención de fuentes de contagio. Para comenzar la transición, los servicios sanitarios han de tener la capacidad de diagnosticar con PCR a todos los sintomáticos. En los casos leves, bien en su domicilio o bien en puntos de diagnóstico con cita previa. Este es un cambio significativo pues algunas CCAA, por la escasez de kits PCR y la acumulación de casos, optaron por no realizar la prueba a los leves, aunque les hiciera un seguimiento médico diario.

Las comunidades habrán de ser capaces de aislar los casos nuevos que detecten en 24 horas. Así, deberán habilitar hoteles u otras instalaciones para separar y supervisar a los infectados leves que no pueden confinarse en su domicilio. El Gobierno ya pidió a las CCAA un listado de equipamientos públicos y privados para poder aislar a los asintomáticos y leves. La reclusión sería voluntaria, no obligatoria.

También Sanidad exige que las CCAA sean capaces del trazado y cuarentena de contactos. Es decir, que cuando una persona dé positivo, se tracen sus contactos estrechos y se les ponga en cuarentena. Para ello, se promoverá la contratación y entrenamiento de personal para hacer esa doble tarea. Por último, se recoge el diagnóstico de asintomáticos en residencias geriátricas mediante PCR semanal de residentes y del personal.

En cuanto a las medidas de protección colectiva necesarias para aliviar el confinamiento, Sanidad indica la necesidad de garantizar el suministro de mascarillas. En las últimas semanas, el suministro escaseaba, pero ya está más normalizado. El Gobierno ha fijado el precio de las mascarillas quirúrgicas, PVP en vigor desde este viernes: 0,96 euros por unidad, IVA incluido.

Fuente: El Confidencial, 24 de Abril 2020