Selección Semanal 12 de Diciembre – CONSTITUCION: Los socios del Gobierno no celebran la Constitución

• El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la vicepresidenta Primera, Carmen Calvo; y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias en la celebración del 42 aniversario de la Constitución española. Ballesteros EFE

Las presiones de los socios de investidura, de Gobierno y de Presupuestos irán en aumento en los próximos meses en busca de reformas legales que les permitan avanzar hacia la destrucción del espíritu del 78. ¿Hasta dónde aguantará Sánchez la presión?

En esta ocasión, la falta de asistencia de los grupos que con su voto favorable han conseguido que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado para 2021 a la conmemoración del 42 aniversario de la Constitución Española debería hacernos reflexionar sobre la deriva que está tomando la gobernabilidad en nuestro país.

El domingo faltaron a la cita del Congreso de los Diputados los representantes de ERC, EH Bildu, JxCat, PNV, la CUP y el BNG, además de los presidentes de los gobiernos de Cataluña y el País Vasco. Y lo hicieron con la clara intención de mostrar su rechazo a la Ley de leyes que aprobó más de un 80% del censo en 1978. No solo se niegan a celebrar esa fecha en la que se inició la mayor etapa de prosperidad, libertad y estabilidad de España, sino que pretenden derogarla en cuanto tengan ocasión. Lo mismo sucede con uno de los grupos que forman parte del Ejecutivo, Unidas Podemos.

Nadie pone en duda la legitimidad de reformar la Constitución Española. Sería incluso necesario adaptarla a los nuevos tiempos, pero para ello hace falta que las matemáticas parlamentarias sumen más de dos tercios de los votos antes de convocar un referéndum y volver a celebrar elecciones generales. Así lo dice la Carta Marga y no hay otra forma de hacerlo democráticamente, por mucho que Pablo Iglesias y sus subalternos pregonen que la tercera República llegará más pronto que tarde. ¿Cómo?

La Constitución de 1978 es un ejemplo de concordia y consenso entre los españoles, cuyos representantes políticos dieron un ejemplo de diálogo y cesiones para conseguir un bien mayor. Desde los antiguos franquistas (por mucho que el ministro José Luis Ábalos mienta en Twitter negando el apoyo de Alianza Popular en el referéndum, cuando Manuel Fraga fue uno de los padres de la Constitución), hasta los comunistas de los que ahora reniega Iglesias, todos se sentaron a redactar una Ley que nos permitiera andar el camino hacia una democracia asentada. Y así ha sido durante 42 años. El problema es que ese espíritu parece ahora roto y determinados políticos pretenden aprovechar la situación para poner en tela de juicio para destruir lo que vienen a llamar «el régimen del 78».

Resulta poco menos que ridículo el espectáculo de Pedro Sánchez y Pablo Casado esquivándose en los corrillos de la Carrera de San Jerónimo para no saludarse en el día de la concordia nacional. ¿A qué juegan? ¿Seguirán dejándose llevar por la intolerancia de sus socios de ultraizquierda y ultraderecha? El PSOE y el PP representan a la mayoría sociológica de este país y están condenados a entenderse, por lo menos en los asuntos de Estado. Han fracasado durante la pandemia y lo han vuelto a hacer al no ser capaces de consensuar unos presupuestos razonables que nos ayuden a salir de la crisis. Y, lamentablemente, seguirán cada uno por su lado, mirando por el retrovisor a sus respectivos compañeros de viaje que les impiden sentarse a hablar de lo que necesitan los españoles.

El presidente del Gobierno debe pensar que con la aprobación de los Presupuestos de 2021 tiene asegurada una legislatura en la que sus socios de la ultraizquierda y el independentismo van a intentar seguir marcándole la agenda política, precisamente en contra del espíritu del 78. Cree que podrá gestionarlo con continuos regates en corto y promesas imposibles de cumplir. Y se equivoca, porque el rumbo al que le quieren llevar la nueva coalición de Podemos, ERC y EHBildu atenta contra la ideología y el gran legado de los socialistas desde la transición.

También se equivoca si piensa que puede ir prorrogando estos presupuestos hasta 2023, como ha hecho con los de Cristóbal Montoro de 2018. El propio gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ya ha advertido de que el gasto y la deuda pública generada en 2021 no podrá mantenerse en los años siguientes, en los que la Unión Europea volverá a los criterios de rigor fiscal una vez que la pandemia esté controlada.

En el propio Gobierno hay varios ministros (y una vicepresidenta) que son conscientes de que la barra libre acabará cuando la vacuna contra el Covid-19 empiece a dar sus frutos. La alegría y el alborozo del autodenominado «Gobierno de coalición progresista» por la gestión de lo que presumen son los presupuestos más sociales de la democracia empezarán a decaer antes del próximo verano, cuando el Ejecutivo tenga que presentar en Bruselas el techo de gasto para 2022 y acabará cuando en septiembre cierren el proyecto de cuentas públicas. A lo peor, por esas fechas España no habrá recibido más que una pequeña parte de las ayudas europeas en las que Sánchez fía todo su gasto social.

Además, las presiones de los socios de investidura, de Gobierno y de presupuestos irán en aumento en los próximos meses en busca de reformas legales que les permitan avanzar hacia la destrucción del espíritu del 78. Los abertzales reclaman sin pudor una república del País Vasco y Navarra, los independentistas catalanes mantienen su proyecto de secesión (y la salida de prisión de los presos sediciosos) y Unidas Podemos se une a todo lo que suponga la erosión de un régimen que siempre ha querido destruir.

¿Hasta dónde aguantará Sánchez la presión? Ésa es la gran pregunta que se hacen los españoles, muchos votantes socialistas y unos cuantos ministros del PSOE, que empiezan a estar hartos de la provocación continua del vicepresidente segundo. La preocupación va en aumento y la celebración de la Constitución de 1978 no ha hecho más que suscitar nuevos riesgos

Fuente: Javier Ayuso, Expansión, 8 de Diciembre 2020