Selección Semanal 13 de Febrero – AYUDAS COVID-19.- Vía libre a autonomías y ayuntamientos para dar más ayudas directas a pymes y autónomos

• El Gobierno, que cuantifica en más de 39.000 millones los fondos facilitados a las CCAA entre 2020 y 2021, permitirá a autonomías y ayuntamientos «compensar una parte de los costes fijos de las empresas».

La ferocidad de la tercera ola del Covid y la lentitud del proceso de vacunación, no solo en España sino en toda Europa, amenazan con lastrar la revitalización de la economía, cuyas constantes vitales siguen bajo mínimos por las restricciones para combatir el virus. La AIReF pronostica ya una contracción del 0,8% en el primer trimestre, que el tejido empresarial afronta al borde de la asfixia tras once meses de crisis. Aunque el Gobierno insiste en la eficacia de su escudo social y empresarial (ERTE, avales del ICO, prestaciones extraordinarias, moratoria concursal, aplazamiento del pago de impuestos, exoneración de cotizaciones…), su discurso ha virado en este comienzo de 2021, admitiendo ya abiertamente la necesidad de tomar medidas adicionales para evitar que los problemas de liquidez muten en una crisis de solvencia.

Así, junto a los mecanismos que diseña para aumentar las ayudas directas a escala estatal, la reforma del marco legal que el Ejecutivo ha remitido a Bruselas para intensificar el apoyo público a las empresas habilitará a las comunidades y a los ayuntamientos a incrementar sus subvenciones directas al tejido productivo, permitiéndoles, por ejemplo, cubrir una parte de los costes fijos de las compañías. «Vamos a adaptar el marco legal para que todas las Administraciones Públicas puedan dar más ayudas directas a cada una de esas empresas. Las comunidades autónomas y los ayuntamientos están mejor situados para saber las consecuencias de las decisiones que ellos toman de restricción de actividad económica», señaló ayer la vicepresidenta económica, Nadia Calviño. El Ejecutivo hace recaer así parte del rescate directo de las empresas en autonomías y consistorios. Una idea en la que redundó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien subrayó que es «más propio de las administraciones autonómicas y de los ayuntamientos lo que es la ayuda directa», unas inyecciones que, añadió, ya se «están produciendo por parte de las administraciones autonómicas, aunque con diferente intensidad por parte de cada uno de esos territorios». Con el refuerzo de las ayudas directas, el Ejecutivo busca evitar una avalancha de suspensiones de pago en los próximos meses una vez expire, el próximo 14 de marzo, la moratoria concursal en vigor.

Aunque la vicepresidenta Calviño no detalló qué costes empresariales podrían asumir autonomías y consistorios, fuentes de Economía explicaron a este diario que entre los costes fijos que soportan las compañías figuran, por ejemplo, el pago de locales, las facturas por los diferentes suministros, o los impuestos, ya que los gastos derivados del empleo están de momento cubiertos por los ERTE (la última prórroga está vigente hasta el próximo 31 de mayo).

Recursos para las CCAA

¿Con qué arsenal cuentan las CCAA para intensificar su apoyo a las empresas? La vicepresidenta Calviño recordó ayer que en 2020 se transfirieron a los gobiernos regionales 16.000 millones del Fondo Covid y que los Presupuestos de este año incluyen otros 10.000 millones con los que irrigar el exhausto tejido productivo. Fuentes de Economía han recordado a EXPANSIÓN que a esa cuantía se añaden otros 13.000 millones por la asunción de parte del déficit de las CCAA (el Gobierno ha fijado un objetivo orientativo del 2,2% a las autonomías para este año, del que la mitad, el 1,1%, será asumido por la Administración central), lo que eleva el margen de actuación de los gobiernos regionales. En conjunto, los recursos facilitados a las CCAA entre 2020 y 2021 ascenderían a más de 39.000 millones de euros.

Aún no hay plazo para el despliegue del nuevo «arsenal de medidas», como lo denominó Calviño, que debe ser autorizado previamente por la Comisión Europea, a priori un mero trámite pero que puede demorar el despliegue de las ayudas. Medidas que el Gobierno sigue sin concretar, más allá de asegurar que serán «de mayor envergadura» que las tomadas hasta la fecha desde el punto de vista económico, financiero y fiscal, y cuyo radio de acción será todo el territorio nacional, señaló Calviño, quien añadió que el Ejecutivo ya trabaja con el Banco de España y la banca, en particular a través del sistema de avales del ICO, «para seguir aliviando la carga de las empresas».

HACIA UN PROCESO CONCURSAL «GARANTISTA Y RÁPIDO»

Junto al despliegue de más ayudas directas y otras medidas de alivio para para mantener a flote el tejido empresarial, la otra gran baza del Gobierno para impedir que los negocios viables acaben sucumbiendo a la pandemia es la reforma de la ley concursal. La ministra portavoz y titular de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró ayer que Economía y Justicia trabajan en la modificación de la normativa actual para hacer «garantista y rápido» el proceso concursal; esto es, para avanzar hacia un sistema ágil que priorice la supervivencia de las compañías viables y evite que la entrada en concurso se convierta en un «mecanismo de liquidación de esas empresas», indicó. La reforma de la ley para impedir que este procedimiento se convierta en una suerte de tanatorio empresarial es una de las grandes asignaturas pendientes del Gobierno y una reclamación recurrente de organismos como el Banco de España o el FMI, que recientemente subrayó que «los mecanismos de insolvencia [en España] se consideran lentos y generalmente conducen a la liquidación en lugar de a la reestructuración».

Además de la mejora del proceso concursal, Montero deslizó ayer que el Gobierno trabaja «en diferentes cuestiones que tienen que ver con los préstamos del ICO» para mitigar los problemas de solvencia de muchas empresas. Aunque la titular de Hacienda no concretó cuáles son esas cuestiones, patronales como Cepyme o Fomento del Trabajo reclaman desde hace algún tiempo la condonación, al menos parcial, de los créditos del ICO.

Fuente: J. Díaz,  Expansión, 9 de febrero 2021