Selección Semanal 15 de Agosto – MONARQUIA: Ofensiva republicana y el Rey impertérrito. Vicios privados y virtudes públicas.

• Todas las medidas que ha tomado Felipe VI en su Casa y con su familia, ¿han sido por presiones de Rajoy entre 2014 y 2018 y de Sánchez entre 2018 y 2020?

Los partidos políticos que no aceptan la forma de Estado —la monarquía parlamentaria— que es parte sustancial del pacto constitucional de 1978, nunca dispusieron ni de una oportunidad como la que les ofrece la expatriación de Juan Carlos I, ni de la fuerza representativa que acumulan en el Congreso de los Diputados que podría cuantificarse entre los 65 y 70 escaños de un total de 350. Es, en consecuencia, de una lógica aplastante que traten de rentabilizar para su causa la crisis que ha provocado la conducta —de momento irregular y eventualmente ilegal— del rey emérito y el impacto de su traslado a un país extranjero para una estancia indefinida y, que salvo comparecencia obligada ante la justicia, sea posiblemente definitiva.

 Habría que asumir con naturalidad que el republicanismo español —siempre irredento tras sus dos fracasados intentos en el siglo XIX y en el XX tiene derecho a expresarse, aunque debería hacerlo de un modo distinto a como lo hacen ahora sus portavoces que persisten en los modos y maneras más propias de activistas subversivos que en los que caracterizan a los dirigentes de corrientes de opinión con alternativas políticas e institucionales solventes.

Claves del pacto de silencio entre Zarzuela, Moncloa y Juan Carlos I  .El presidente Pedro Sánchez ha delegado la responsabilidad de informar sobre el emérito a la Casa Real, aunque eso no signifique que permanezca ajeno al desenlace de los hechos

La tosquedad del discurso republicano del secesionismo catalán, comandado por un Joaquim Torra sin crédito alguno, o la incoherencia de los dirigentes de Podemos que forman parte del Gobierno de coalición, tras haber jurado en la Zarzuela «lealtad al Rey» y compromiso con la defensa de la Constitución, provocan una sensación de oportunismo tan evidente que vacía de credibilidad su pretensión. No es que su discurso sea inocuo, que no lo es, pero es evidente que resulta inverosímil, mucho más en un contexto histórico en el que coincide la crisis de la Corona con otras tan graves como la sanitaria, la económica y la social. Por lo demás, que la izquierda más extrema de este país coincida con la derecha más extrema del independentismo catalán da la clave: la ofensiva contra la monarquía es la coartada para derruir el sistema, el hilo del que tirar para deshacer la madeja constitucional.

 La pretensión republicana quedó desactivada en la Constitución de 1978 por la propia izquierda que obtuvo logros históricos. Alterar la forma de Estado implica, desde entonces, no ya una reforma de la Carta Magna, sino la apertura de un proceso constituyente impracticable en nuestro país por la correlación de fuerzas parlamentarias, e ininteligible en la Unión Europea en la que no se producen vuelcos de esa naturaleza desde el final de la II Guerra Mundial. De modo que, si hay que afrontar un debate sobre la monarquía y la república, habrá que aceptarlo en buena lid, con argumentos rigurosos y sin perder de vista que, como ha recordado el presidente del Gobierno a los militantes del PSOE, la forma de Estado es parte indisociable de la Constitución de 1978.

 Dicho lo cual, causa una cierta perplejidad que un sector de la derecha política y mediática esté propinando patadas a Pedro Sánchez en el trasero de Felipe VI. Al afirmar sin rebozo que el Rey está poco menos que cautivo de las supuestas presiones del presidente del Gobierno, se convierte al jefe del Estado en una instancia subordinada que actúa a rebufo de la Moncloa. Sencillamente no es así y nunca lo ha sido. Ni con Juan Carlos I ni con Felipe VI. El actual Rey, por razones generacionales y de tiempo histórico, es mucho más consciente de la significación de su magistratura y sabe que tiene la obligación de defender la institución que encarna con una exigente escrupulosidad. Y lo está haciendo desde junio de 2014 de manera impertérrita. Es decir, sin turbación, con contención emocional y cálculo de estadista.

 Todas las medidas que ha tomado Felipe VI en relación con la organización de su Casa y con su familia, ¿las ha adoptado por presiones de Mariano Rajoy entre 2014 y 2018 y de Pedro Sánchez entre 2018 y 2020?

No parece que el Rey haya actuado al dictado de nadie al reducir drásticamente la familia real, establecer un código de conducta para los empleados de su Casa sometiéndola a las normas de transparencia, al implantar una normativa estricta sobre los regalos que pueda recibir la familia real, al revocar el título ducal a su hermanaCristina, al ordenar el apartamiento de su padre de actos de representación de la Jefatura del Estado, al decidir la suspensión de su asignación presupuestaria, al renunciar simbólicamente a la herencia que le pudiera ser diferida de fondos opacos o presuntamente ilegales o al suprimir la secretaría personal del rey emérito y al sugerirle terminantemente su expatriación.

 Esas determinaciones, algunas muy duras por su condición de hijo y hermano, se deben a su voluntad de regenerar la institución que era el objetivo que se marcó en su discurso en el acto de proclamación ante las Cortes Generales tras la abdicación de su padre.

Sánchez se hace más fuerte a costa del Rey y de Iglesias . Sánchez encuentra las esquinas del conflicto para expandir su espacio de poder, hacerse imprescindible y generar dependencias hacia él. Es la lógica del sometimiento que domina como pocos

 Contra Sánchez no vale todo. No vale atribuirle la capacidad de manipular al Rey con tal de acumular una crítica más al presidente del Gobierno, a costa de disminuir la capacidad de decisión del monarca. Porque el que sale malparado de esa miope confrontación es Felipe VI y no el secretario general del PSOE que se debate, eso sí, en una grave contradicción como es la que representa gobernar con Unidas Podemos, y, por lo tanto, también con los ‘comunes’ catalanes, especialmente adversarios del sistema político en el que cogobiernan con los socialistas y tan próximos al independentismo en Cataluña.

 No obstante, y subrayando esta incoherencia —que se repite en otros muchos asuntos trascendentes—, Pedro Sánchez ha renovado con claridad el compromiso del PSOE con la Constitución y con la monarquía parlamentaria. Su palabra tiene escasa densidad, cierto, pero en este episodio ha estado en el lugar histórico en que se situó su partido desde el inicio de la democracia. Otra cosa es que con la expatriación de Juan Carlos I se haya demostrado que la coalición del PSOE en el Gobierno con Unidas Podemos y los acuerdos parlamentarios con ERC y similares resulten, de continuo, pactos muy difíciles de sostener.

 Pedro Sánchez es un maestro en relativizar la importancia y trascendencia de determinados hitos que son objetivamente graves como la actitud de sus aliados respecto de la forma constitucional del Estado. Pero está llegando el momento en el que los desacuerdos sobre asuntos tan sustanciales como este reducen a la mínima expresión aquellos otros en los que convergen morados y socialistas. Si determinada derecha tuviese un mínimo sentido estratégico trataría el trance por el que pasa la Corona y Felipe VI sin coincidir con las tesis republicanas que retratan al Rey como un «cautivo» de Moncloa y a Sánchez como un quintacolumnista de la improbabilísima III República.

 Fuente: José Antonio Zarzalejos, El Confidencial, 8 de Agosto 2020

 Comentario NP: Nos parece que J. A. Zarzalejos en un experto en esta materia y deja claro su opinión sobre este asunto.

• Los indudables servicios que prestó a España y a la democracia eclipsaron algunos comportamientos de Juan Carlos I que hoy producen bochorno. Se equivocó al pensar que sus aciertos harían olvidar sus errores.

Decía Adolfo Suárez que a veces al rey Juan Carlos había que protegerlo de sí mismo. Por lo general, aquellos que lo intentaron acabaron mal. El propio Suárez, tan sensible a la “retórica de la cordialidad”, como dijo Leopoldo Calvo-Sotelo, notó a lo largo de 1980 una creciente frialdad en el trato de quien fuera su amigo y valedor en años muy difíciles, que parecieron unir sus destinos para siempre. Las razones que deterioraron su relación hasta hacer casi imposible la convivencia institucional tienen poco que ver con las que, mucho tiempo después, empujaron a Juan Carlos I a abdicar como rey y las que, finalmente, le han llevado a abandonar España. Y no es que en tiempos de Suárez no cultivara el estilo de vida que acabó siendo su perdición. “Los reyes no hacen negocios”, le dijo Alfonso Armada, muy al principio de su reinado, después de recibir en La Zarzuela una llamada telefónica que al secretario de la Casa Real, según me contó él mismo, le pareció muy poco apropiada. En los años siguientes, los indudables servicios que prestó a España y a la democracia eclipsaron algunos comportamientos privados que hoy producen bochorno. Cuando los más escrupulosos le hacían ver lo inadecuado de esa conducta y el peligro que entrañaba para la Corona su respuesta, con estas o parecidas palabras, solía ser: “Yo tengo derecho a una vida privada”.

¿Era privada la vida del Rey más allá de su despacho? Sabino Fernández Campo pensó que el deslinde entre lo institucional y lo personal en la profesión de monarca era mucho menos nítido de lo que pensaba Juan Carlos I y que entre ambas esferas de su actividad existía una interrelación estrecha y peligrosa, que exigía, en su opinión, una actitud más prudente por parte de Su Majestad. No era fácil sostener entonces una interpretación tan rigorista del papel del Rey. Superada, gracias en gran parte a él, la intentona militar del 23-F y consumada la alternancia política tras el triunfo del PSOE en las elecciones de octubre de 1982, España entró en una etapa sin precedentes de estabilidad política, prosperidad económica y reconocimiento internacional. Cierto que conocidos financieros, jeques árabes y buscavidas tentaban al Rey con lucrativas ofertas, pero no parecía oportuno entrar en determinados pormenores sobre su vida particular. Que sus mayores enemigos estuvieran entonces en la extrema derecha, resentida —todavía hoy en día— por su papel en el 23-F y por sus buenas relaciones con el Gobierno de Felipe González, le daba un plus de prestigio entre la izquierda, convertida al juancarlismo durante la Transición. En 1993, Sabino Fernández Campo cesaba como jefe de la Casa del Rey, después de algunos enojosos desencuentros y cansado de predicar en el desierto. Definitivamente, proteger a don Juan Carlos de sí mismo se había convertido en una difícil tarea, que seguía consumiendo a consejeros y asesores de toda condición.

El comienzo, tres años después, del doble mandato de José María Aznar supuso un giro significativo en la relación entre la Corona y el Gobierno, mucho menos complaciente, sobre todo Aznar, con ciertos usos del Monarca que no eran del todo ajenos a la política nacional e internacional de España, como las relaciones con el mundo árabe. Desprotegido, poco a poco, del paraguas institucional desplegado sobre su vida privada, su figura se encontró cada vez más expuesta a las críticas de sus detractores y a una floreciente industria mediática levantada en torno a sus vicios privados. De todas formas, entrado el siglo XXI, sus virtudes públicas seguían gozando de un amplio reconocimiento, que bastaba, de momento, para contrarrestar las filtraciones sobre sus actividades privadas. Todavía en 2003, un historiador próximo a la izquierda, Paul Preston, titulaba El rey de un pueblo su biografía de Juan Carlos I, un libro cuya lectura produce hoy en día más de un motivo de perplejidad.

La crisis económica iniciada en 2008 dañó seriamente la imagen de la Monarquía, salpicada por el caso Urdangarin y por los aspectos más frívolos de la vida del Rey en un momento en el que las clases medias y trabajadoras y, sobre todo, las jóvenes generaciones tenían que luchar contra los efectos de la recesión. Desde el incidente del elefante en Botsuana en 2012, el Rey y sus asesores intentaron abrir un cortafuegos que detuviera el descrédito que se abatía sobre la Corona. Ni el famoso “lo siento, me he equivocado”, con el que se dirigió a los españoles, ni su abdicación dos años después fueron capaces de contener la desafección creciente de la opinión pública. Era inevitable que parte de ella se trasladara al nuevo rey, Felipe VI, por ajeno que fuera a los errores de su padre, al encarnar una institución inseparable de la continuidad histórica y sanguínea entre sus titulares. El efecto balsámico de la abdicación como ruptura con el pasado inmediato y relevo generacional —un aspecto en el que insistió el propio rey Juan Carlos al abdicar— se diluyó con nuevas revelaciones escandalosas, que finalmente han obligado al rey emérito a tomar una decisión dolorosa cargada de simbolismo. No es de extrañar su preocupación por el futuro de su legado histórico, sobre todo entre los más jóvenes. “Los menores de 40 años me recordarán solo por ser el de Corinna, el del elefante y el del maletín”, le dijo a un amigo tres semanas antes de partir a su exilio voluntario, según el testimonio recogido por este periódico.

A Juan Carlos I siempre se le ha reconocido un instinto político fuera de lo común, especialmente si recordamos sus antecedentes familiares. Ese olfato para anticiparse a los cambios de rumbo de la historia y a las necesidades de cada momento se ha interpretado a veces como una muestra de su pericia como profesional de la supervivencia, un aspecto crucial de su personalidad que se habría forjado en su juventud, en tiempos de incertidumbre y estrecheces. Esa época le marcó, para bien y para mal, más de lo que parece y dejó en él la firme determinación de hacer frente a cualquier adversidad y salir siempre adelante. Ya rey, su instinto, tantas veces infalible, le llevó a tomar decisiones de alto riesgo, como el nombramiento de Adolfo Suárez o la defensa de la legalidad el 23-F, que fueron buenas para él y para España, y a practicar una cohabitación constructiva con la izquierda que acabó con los llamados “obstáculos tradicionales” que en el pasado impidieron la consolidación de la democracia y de la paz civil. “Si mi abuelo hubiera podido hacer esto con Pablo Iglesias no habríamos tenido Guerra Civil”: tales fueron sus palabras, como meditando en voz alta, al firmar el decreto por el que nombraba a Felipe González presidente del Gobierno en diciembre de 1982. Su mayor error, en un reinado con abundantes aciertos, fue considerar que sus virtudes públicas prevalecerían siempre sobre sus vicios privados.

Fuente: El PAIS, 5 de Agosto 2020. Juan Francisco Fuentes es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid.