Selección Semanal 19 de Diciembre – Ayuso promete más bajadas fiscales

La presidenta madrileña asegura que tiene margen para bajar el tramo autonómico del IRPF y recibe el apoyo de la empresa familiar de Madrid en su defensa de la autonomía fiscal de la región frente a los ataques del Gobierno central.

Los empresarios madrileños han cerrado filas con Isabel Díaz Ayuso en la defensa del modelo económico y fiscal de Madrid, que en los últimos años ha permitido a la región liderar el crecimiento, la creación de empleo y la atracción de inversión extranjera. No solo han alzado su voz contra los ataques del Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios parlamentarios, sino que también quieren contribuir al análisis, e incluso a la defensa jurídica, contra una armonización fiscal que implicaría mucho más que un acuerdo político entre el PSOE y ERC para desmantelar lo que el portavoz del partido independentista, Gabriel Rufián, denominó «el paraíso fiscal» de Madrid.

Díaz Ayuso mantuvo la semana pasada un encuentro privado con destacados representantes de la empresa familiar madrileña en el que la presidenta regional se comprometió a defender a capa y espada su modelo de baja fiscalidad, tanto en los tribunales, si es necesario, como en el ámbito político, en el que la batalla ya ha comenzado. A iniciativa del PP, la Asamblea de Madrid aprobó el jueves pasado «blindar la autonomía fiscal» de la región, una iniciativa no vinculante pero con una importante carga política, con la que los populares ponen encima de la mesa el debate sobre la autonomía fiscal de las CCAA, la corresponsabilidad y la pluralidad política, «porque el PSOE y ERC no sólo quieren freír a impuestos a los madrileños sino que quieren acabar con la alternativa política», afirmó el diputado popular Pedro Muñoz Abrines.

En el transcurso de su reunión con los empresarios, Díaz Ayuso prometió seguir profundizando en las bajadas de impuestos. «Seremos firmes sobre la política fiscal» de Madrid, afirmó la presidenta que, según señalaron a este diario fuentes conocedoras del encuentro, atribuyó la ofensiva contra la región a motivos ideológicos y políticos, pero también a «esa hoja de ruta molesta donde está la Corona, la Constitución, la Justicia, las leyes…», afirmó en alusión al propósito de Podemos y los aliados independentistas de Sánchez de derrumbar el «régimen del 78».

En este contexto, en el que el Gobierno pretende obligar a Madrid a subir impuestos, armonizando la fiscalidad de las autonomías al alza, no a la baja, Díaz Ayuso aseguró a la empresa familiar que «tenemos margen para nuevas rebajas, por ejemplo en el tramo autonómico del IRPF». El recorte en medio punto de cada uno de los tramos del Impuesto sobre la Renta es la gran promesa del Gobierno madrileño. Una rebaja que la irrupción del Covid ha obstaculizado pero que el ejecutivo de coalición de PP y Cs promete materializar a lo largo de esta legislatura. Madrid no está sola en su pulso con el Ejecutivo central. Durante esa reunión privada, la empresa familiar reafirmó su respaldo a la política económica y fiscal del gobierno regional: «Queremos trasladaros todo nuestro apoyo en la defensa de la autonomía financiera de la Comunidad de Madrid», afirmó Antonio Lence, presidente de la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar (AMEF) y director general de Viena Capellanes, quien anticipó a Díaz Ayuso que, «llegado el momento y siempre que estemos legitimados para ello, nos plantearemos acompañaros en la defensa de nuestros derechos ante la Justicia». Un sostén que ya no se limita a los empresarios madrileños y que empieza a extenderse a otras regiones españolas (ver información adjunta).

Análisis jurídico

De hecho, AMEF hizo entrega a la presidenta madrileña de un informe jurídico sobre la armonización fiscal que pretende sacar adelante el Ejecutivo de Sánchez. Dicho análisis, realizado por el catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Santiago de Compostela, César García Novoa, y al que ha tenido acceso EXPANSIÓN, advierte de que no se puede privar a Madrid de la bonificación del 100% del Impuesto de Patrimonio mediante una simple modificación de la Ley de Cesión de Tributos (Ley 22/2009). El documento recuerda que «la regulación de la financiación autonómica, incluida la decisión de dotar de competencias normativas a las comunidades autónomas en los impuestos cedidos, debe hacerse a través de un procedimiento legislativo complejo». En concreto, el experto subraya que ese proceso exige un pacto en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, la reforma de la Ley de Financiación de las CCAA (LOFCA) y el acuerdo en la Comisión Mixta Estado-Comunidad. Desandar ese camino exigiría el mismo grado de complejidad y de consenso político y, desde luego, no se podría impulsar a través de una enmienda a los Presupuestos como pretendía ERC con su propuesta para fijar una cuota mínima nacional en el Impuesto de Patrimonio.

Una enmienda finalmente aparcada tras el pacto de los secesionistas catalanes con el PSOE para crear una comisión armonizadora y que, según el documento de AMEF, hubiera sido «una medida inconstitucional, porque se altera la posición del Impuesto de Patrimonio en el sistema de financiación de régimen común, convirtiendo un impuesto totalmente cedido en un impuesto parcialmente cedido y afectando, por tanto, a la financiación autonómica».

Tampoco ve viable otra fórmula con la que se ha conjeturado en las últimas fechas, consistente en fijar un suelo en la base imponible de Patrimonio de en torno al 15%, que sería de cobro obligatorio, mientras que las CCAA tendrían competencia para elevar o reducir la carga tributaria sobre el 85% restante. Para el experto jurista «estaríamos de nuevo ante la pretensión de convertir un impuesto totalmente cedido en un impuesto parcialmente cedido».

Para García Novoa, acometer una armonización como la que pretende el Ejecutivo de Sánchez, «que afecta al modelo de autonomía financiera basado en la corresponsabilidad fiscal que presupone competencias normativas sobre impuestos cedidos en manos de las CCAA», no sería posible sin un «acuerdo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y sin una ley orgánica que altere el contenido de la LOFCA».

EL MODELO FISCAL DE MADRID GANA ADEPTOS EN OTRAS CCAA

Los ataques al modelo de baja fiscalidad de Madrid empiezan a tener un efecto bumerán para el Gobierno ante el goteo de adhesiones de diferentes colectivos empresariales a las ventajas del sistema tributario madrileño. Máxime en un contexto como el actual, en el que las compañías de numerosos sectores luchan por su mera supervivencia y reclaman medidas de alivio, no más subidas de impuestos en un momento crítico para la economía y a contracorriente de lo que sucede en el resto de economías desarrolladas. La semana pasada, los gremios hoteleros de Cataluña y Valencia apelaron a los alcaldes de ambos territorios para que emulen la rebaja fiscal anunciada recientemente por el Ayuntamiento de Madrid para 2021, en virtud de la cual ampliará al 50% las bonificaciones en el IBI, en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y en la tasa de basuras. Pero más relevante aún fue el paso dado el jueves pasado por la patronal catalana Fomento del Trabajo, cuyo presidente, Josep Sánchez Llibre, sorprendió al anunciar que llevará al Constitucional el alza del Impuesto de Patrimonio pactada en el marco de los Presupuestos para 2021. Una tasa que Sánchez Llibre tildó de «injusta» y «confiscatoria». La rebelión de la patronal de la gran empresa catalana reviste gran importancia. Primero, porque hasta ahora no se había manifestado con tanta contundencia sobre esta cuestión. Y segundo, porque, a diferencia de lo que ocurre en Madrid, en Cataluña no está bonificado Patrimonio. De hecho, de los 1.000 millones que se ingresan anualmente por este tributo en toda España, más de 500 millones se recaudan en Cataluña; es decir, la mitad del total.

• Fuente: J. J. GARRIDO/J. DÍAZ, Expansión, 14 de Diciembre