Selección Semanal 6 de Junio – GOBIERNO: Marlaska cesó a De los Cobos por no filtrarle investigaciones

• El ministro del Interior rechazó el pasado martes que la destitución del coronel estuviera vinculada con el caso del 8-M y aseguró que respondía a una simple “reestructuración” de equipos

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cesó al coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos por negarse a filtrarle las diligencias judiciales sobre el 8-M. La directora general del cuerpo, María Gámez, reconoció por escrito que el mando fue relevado por “no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento”. Así consta en la propuesta oficial  de destitución de Pérez de los Cobos, a la que ha tenido acceso El Confidencial.

El documento, oculto hasta ahora y con membrete de haber sido clasificado como ‘reservado’, compromete a la cúpula del ministerio y desmonta la versión del Gobierno sobre el cese del coronel, el pasado domingo 24 de mayo por la noche, solo unas horas después de que la Policía Judicial de la Guardia Civil de Madrid remitiera un informe al Juzgado de Instrucción número 51 de plaza de Castilla que cuestionaba la celebración de la marcha del 8-M y otros 129 actos multitudinarios en plena crisis del coronavirus.

La carta de Gámez apunta a otra explicación. La responsable del instituto armado, que es la competente para proponer el cese de un mando según la Ley de Personal de la Guardia Civil 29/2014, justificó la sustitución de Pérez de los Cobos por la “pérdida de confianza de esta Dirección General y del Equipo de Dirección del Ministerio del Interior”.

La razón concreta por la que Marlaska y la propia Gámez habían dejado de fiarse del coronel era, según la carta, que este se había negado a “informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial”.

La directora del cuerpo envió su propuesta al secretario de Estado de Seguridad del ministerio, Rafael Pérez, a las 22:14 del domingo 24 de mayo, como aparece justo al final del documento. El número dos del ministro, juez de carrera al igual que él, estampó inmediatamente su rúbrica para hacer efectivo el cese. Cuando Gámez llamó a Pérez de los Cobos ese mismo día a las 22:30 para reprocharle que no le hubiera informado sobre la existencia del atestado de la Guardia Civil ni sobre su contenido, en realidad, el coronel ya llevaba un cuarto de hora destituido.

La motivación de la “pérdida de confianza” no solo probaría la relación del cese con el caso del 8-M, en contra de lo sostenido por el Gobierno hasta ahora. También desvela que Interior destituyó a Pérez de los Cobos por negarse a cumplir una orden presuntamente ilegal. Los agentes de las Fuerzas de Seguridad que trabajan en funciones de Policía Judicial tienen la obligación de guardar el secreto de las actuaciones en las que estén inmersos y reportar su contenido únicamente a los jueces instructores. Lo que Marlaska y Gámez exigieron al jefe de la Comandancia de Madrid en el caso del 8-M y en otras “investigaciones y actuaciones”, como reconoce el documento en poder de este diario, atentaría frontalmente contra uno de los principios básicos de la separación de poderes.

Fuentes de Interior aseguran que el documento indica que «el cese del coronel Pérez de los Cobos, tal y como se ha explicado en reiteradas ocasiones, se enmarca en el proceso de remodelación de la Guardia Civil y se concreta, como se explicita en la propuesta de cese, por una pérdida de confianza derivada, entre otros, porque se incumplió el procedimiento de comunicación de actuaciones, a los solos efectos de conocimiento, no del contenido de las mismas, que se debe a la dirección de la Guardia Civil a través de la cadena de mando».

A juicio del ministerio, la nota «acredita además que la dirección de la Guardia Civil y el Ministerio del Interior ni conocían las actuaciones ni tuvieron acceso al informe». «Un informe que, sin embargo, fue objeto de filtraciones antes incluso de que las partes personadas en el proceso tuvieran acceso al mismo», sostiene un portavoz oficial de Interior.

Lo que Marlaska y Gámez exigieron a Pérez de los Cobos atentaría frontalmente contra uno de los principios básicos de la separación de poderes

La propia responsable del procedimiento sobre el 8-M y otros actos multitudinarios celebrados en esos primeros días de marzo, la jueza Carmen Rodríguez-Medel, pidió a los agentes de Policía Judicial asignados a la causa al comienzo de las diligencias que mantuvieran la “rigurosa reserva” de la información y solo trataran con ella los avances que se produjeran en el curso de sus indagaciones.

El lunes 25 de mayo, tras conocerse la destitución de Pérez de los Cobos, responsable orgánico hasta ese momento de la unidad investigadora, la instructora envió una carta a Interior para reiterarle a Grande-Marlaska la obligación de la Policía Judicial de mantener el secreto de las investigaciones, en el caso del 8-M y en cualquier otro procedimiento.

La magistrada también advirtió de que, si se demostraba que la salida del coronel había sido una intromisión del antiguo juez de la Audiencia Nacional en sus pesquisas sobre la Delegación del Gobierno, abriría una investigación para depurar posibles responsabilidades penales. Asimismo, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la judicatura, emitió un comunicado para denunciar que la decisión de Marlaska amenazaba con dejar el “Derecho Penal en manos de los intereses partidistas” y exigió la restitución en su puesto de Pérez de los Cobos.

Marlaska insistió el pasado martes, tras el Consejo de Ministros, en que no hay había ningún motivo extraño en la sustitución de Pérez de los Cobos. «Es un cambio, una modificación dentro de los equipos de la Guardia Civil. No tiene ninguna otra razón, ninguna otra cuestión», sostuvo el ministro del Interior rechazando las informaciones que relacionaban la decisión con el 8-M. También aprovechó esa comparecencia para salir en defensa de Gámez y alabar su trabajo al frente del cuerpo.

El pasado viernes, Marlaska fue incluso más allá y sostuvo durante una comparecencia en el Senado que ni él mismo, ni nadie del ministerio ni de la Dirección General de la Guardia Civil había «solicitado a Pérez de los Cobos el informe ni el acceso al contenido del mismo».

«En el ministerio tenemos muy claro lo que es la función pública, que tiene que caracterizarse por competencia, imparcialidad, neutralidad y comunicación, no es nada más, eso y la no injerencia política», añadió Marlaska, que también reprochó a los partidos de la oposición que vincularan el cese del mando con la investigación del Juzgado 51. Afirmó que habían cruzado una «línea roja». «Decir que se cometen delitos tiene su gravedad«, manifestó, reconociendo implícitamente que el relevo de un oficial porque se ha negado a filtrar información de casos judiciales puede tener recorrido penal.

Marlaska rechazó el pasado martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que la destitución de Pérez de los Cobos estuviera vinculada a esa causa y aseguró que respondía a una simple “reestructuración” de equipos para darle “un impulso a la Guardia Civil”.

Fuente: El Confidencial, 2 de Junio 2020

Comentario NP: Parece claro que lo que Marlaska y Gámez exigieron a Pérez de los Cobos atenta frontalmente contra uno de los principios básicos de la separación de poderes. A pesar de ello, el asunto está siendo muy controvertido.