Selección Semanal 7 de Marzo – OPINION: La quiebra del principio de igualdad.- Rosa Díez

Hace unos días -casualmente antes de que el PNV tuviera que adoptar una decisión sobre el sentido de su voto frente al techo de gasto propuesto por el Gobierno-, Sánchez comprometió con el PNV (no con el Gobierno vasco) la transferencia de los fondos de la Seguridad Social con los que de forma autónoma se pagarían las pensiones de todos los vascos. Con este acuerdo partidario, Sánchez ha concedido de forma impropia al PNV algo que no le pertenece y que supone la ruptura de la caja única de la Seguridad Social.

Al hacer esta cesión impropia con oscurantismo y sin participación ni debate público alguno, Sánchez ha dinamitado el Pacto de Toledo, foro de consenso político y social en el ámbito de la Seguridad Social que se constituyó en el Congreso de los Diputados precisamente para evitar que las veleidades de un gobernante sin escrúpulos pudieran dar al traste con un sistema de protección social público modélico que nos hemos dado los españoles.

Transferir la competencia de gestión sobre el régimen económico de la Seguridad Social al Gobierno vasco contraviene los principios básicos inherentes al sistema de Seguridad Social, que tiene como objeto principal garantizar la igualdad efectiva de todos los ciudadanos y que está basado en los criterios de unidad de caja, equidad y solidaridad. Como distintos informes jurídicos -y sentencias constitucionales- han advertido a lo largo de los años, tal cesión resulta contraria al artículo 149.1.17 de nuestra Constitución: «El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: Legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de los servicios por las comunidades autónomas». De ahí que durante cuarenta años todos los gobiernos democráticos que ha habido en España hayan rechazado la interpretación que el PNV ha hecho sistemáticamente del artículo 18 del Estatuto de autonomía y hayan denegado la transferencia de los fondos.

Las discrepancias históricas de interpretación han culminado en diversas sentencias del Tribunal Constitucional, que se ha pronunciado hasta en nueve ocasiones para avalar que retener a nivel nacional esa función exclusiva de la Administración del Estado es fundamental para garantizar la unidad del sistema -y no sólo la unidad de su regulación jurídica- e «impedir diversas políticas territoriales de Seguridad Social en cada una de las comunidades autónomas».

• Fondos blindados

Si la transferencia de fondos se culminara, la caja única de la Seguridad Social se rompería y, con ello, se quebraría la igualdad entre españoles. Y se produciría la paradoja de que los asalariados con menores rentas de España garantizarían con sus aportaciones las pensiones más altas de toda España.

Porque si se transfiere al País Vasco la parte de los fondos necesaria para pagar las pensiones a los vascos, esos fondos estarían blindados y saldrían de la caja común con destino al País Vasco fuera cual fuera la situación de la caja.

Dicho de otra manera: si se culminara la transferencia, para los pensionistas vascos habría dinero al margen de lo que ocurriera en el conjunto de España.

El Tribunal Constitucional, último intérprete de la Carta Magna, ha delimitado lo que denominan «el núcleo o reducto indisponible»; o sea, los fondos, lo que conlleva que la Administración de la Seguridad Social se reserve la «disponibilidad directa de los fondos» que son intransferibles en cuanto a «las facultades de gestión o ejecución de los fondos de la Seguridad Social destinados a sus servicios y prestaciones», so pena de vaciar de contenido el referido principio, como acaba de recordar la Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social. Por eso no se ha producido esta transferencia ni es posible hacerlo sin quebrar un principio que es irrenunciable: la igualdad de todos los españoles.

Precisamente para garantizar la «unidad del sistema y su funcionamiento económico uniforme», las sentencias 124/19890 y 195/1996 insistieron en que el Estado no retiene únicamente potestades normativas, sino también competencias ejecutivas: «El designio perseguido por el acantonamiento del ‘régimen económico’ dentro de la competencia exclusiva del Estado no ha sido otro, con toda claridad, que el de preservar la unidad del sistema español de Seguridad Social y el mantenimiento de un ‘régimen público’; es decir, único y unitario de Seguridad Social para todos los ciudadanos (artículo 41 de la Constitución), que garantice al tiempo la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y deberes en materia de Seguridad Social».

Como digo, si antes no se ha producido esta transferencia es porque la interpretación de los nacionalistas no ha sido compartida ni por los alternativos gobiernos de la Nación ni por las sentencias del Constitucional. Y porque esta materia, esencial para garantizar de forma efectiva la igualdad a quienes más necesitan la protección del Estado, ha sido siempre considerada una línea roja que ningún gobierno, ni de derechas ni de izquierdas, podría traspasar. Hasta que llegó Sánchez.

La sociedad democrática se rompe si se quiebran la cohesión y el principio de igualdad. La España que importa se rompería si dejáramos de ser ciudadanos iguales en derechos y deberes, ciudadanos activos. Apelo a que seamos conscientes de que este asunto nos afecta a todos los ciudadanos, sea cual sea nuestra opción política o lugar de residencia.

Sólo podremos evitar que se consume el desafuero si respondemos con firmeza y unidad, y le hacemos saber a Sánchez que ningún Gobierno puede ceder aquello que no le pertenece; y que la mayoría de ciudadanos no estamos dispuestos a consentir que tome decisiones que quiebren la igualdad de todos los españoles también en esta materia tan sensible.

Fuente: Rosa Díez en Expansión, 5 de Marzo 2020