Selección Semanal 8 de Febrero – PLANAS AVISA: LA SOLUCIÓN AL CAMPO NO ES SUBIR PRECIOS AL CONSUMIDOR

Un día después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, arremetiera contra las cadenas de distribución reprochándoles que «es inaceptable que los precios bajen y bajen» en relación a la crisis del campo, el ministro de Agricultura, Luis Planas, reclamó ayer al sector que evite la venta a pérdidas (por debajo del coste de producción), al tiempo que advirtió de que la solución a los problemas de agricultores y ganaderos no es una subida generalizada de precios al consumidor.

«La venta a pérdidas es una práctica limitada, que no se produce muy a menudo pero que supone un elemento de pérdida económica y de reputación, destruye valor (…). Se ha dado en ocasiones y es un motivo de indignación que yo comparto con los agricultores», explicó Planas, quien insistió en que la distribución juega «un papel muy importante» en este debate y a la que instó a que sea exigente con sus proveedores para que los productos que pongan a la venta hayan sido pagados en origen a precios dignos.

«Una retribución justa para quienes producen nuestros alimentos es fundamental para el conjunto de la sociedad», afirmó Planas, quien, no obstante, advirtió de que esto no debe traducirse en un aumento de precios generalizado al consumidor, sino que debe ser fruto de un «reequilibrio» entre agricultores, fabricantes, supermercados y consumidores, señaló en un intento de ampliar el foco más allá de la distribución.

Industria Alimentaria

En este sentido, el ministro señaló que la industria alimentaria, que es el eslabón central de la cadena agroalimentaria, puede «hacer mucho» para contribuir a la mejora de la situación y pidió al sector que extienda la política vigente con los productores de leche en materia de contratos escritos al resto de categorías. En esos contratos a los que aludía Planas se estipulan con antelación los volúmenes de compra y las condiciones de la operación, por lo que, según el ministro, son «un instrumento fundamental que permiten a agricultores y ganaderos planificar su actividad y da estabilidad».

Respecto al sector primario, 

Planas calificó de «legítimas» las demandas de agricultores y ganaderos, a los que anticipó que analizará la posibilidad de otorgarles «bonificaciones fiscales», aunque les conminó a concentrarse más y mejor creando cooperativas de mayor tamaño y actuando de forma conjunta en organizaciones interprofesionales para ganar peso en las negociaciones con el resto de los eslabones. Es algo que reclaman otros agentes del proceso, como la distribución, y que el sector agroganadero asegura que ya cumple en gran medida.

Ayudas al aceite de oliva 

En este contexto de crisis generalizada en el sector del campo, que ha llevado a los agricultores y ganaderos a manifestarse por buena parte de la geografía española reclamando unos precios justos, Agricultura anunció ayer una serie de medidas específicas para los sectores del aceite de oliva y la aceituna. Planas, que ayer se reunió con representantes de estos colectivos, con los que compartió la preocupación por las señales procedentes de EEUU que apuntan a otra posible alza de aranceles a productos españoles por parte de la Administración Trump, les avanzó que propondrá la creación de un programa de gestión específico para ambos sectores -similar al que ya está vigente para el vino y las frutas y hortalizas- en el marco del Plan Estratégico de la PAC, que se elabora con las comunidades autónomas para remitirlo posteriormente a Bruselas.

Otra medida que ayer puso encima de la mesa el ministro es la enmienda que España pretende incluir en la próxima PAC 2021-2027 para que se pueda retirar una parte de la producción de aceite en las categorías «inferiores» y favorecer que los precios suban, como ya ocurre en el vino. Asimismo, Planas también abogó por «modificar el decreto que regula los paneles de cata» de cara a «lograr una mayor homogeneidad en los resultados», una petición sobre el sistema que se utiliza para definir la calidad de los aceites (virgen, virgen extra, etc.) que genera polémica en España, pese a que está respaldado por el Consejo Oleícola Internacional. A eso se añaden políticas de autorregulación para almacenar producto cuando haya excedente y evitar la volatilidad o la aprobación de una futura norma de calidad y trazabilidad.

Fuente: Expansión, 7 de Febrero 2020